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El Etanol: Entre sueños y realidades

El Etanol: Entre sueños y realidades


El 15 de septiembre de este año se promulgó la Ley No. 1098 de Aditivos de Origen Vegetal, como fruto de un trabajo intenso y serio afrontado desde hace poco más de un año por el Gobierno actual en coordinación con cada uno de los sectores de la cadena: cañeros, ingenios, dueños de estaciones de servicio e incluso la Cámara Automotor Boliviana, permitiendo tener una normativa fundamental elaborada con dedicación que tuvo como consecuencia su histórica aprobación por unanimidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, surgen voces de períodos anteriores que se atribuyen la creación de dicha normativa, situación totalmente irrisoria y falaz.

La población cruceña aceptó con gran algarabía el ingreso a la era de los combustibles verdes y resalta el impacto económico que va a traer para el país. Sin embargo, llama la atención uno de los comentarios del ex diputado Vicente Roca, por el cual se atribuye la creación de la ley del etanol “… la presenté yo en el 2005.”, este comentario representa un paupérrimo esfuerzo de intentar apropiarse de un acierto del Gobierno Nacional, YPFB, sector privado y de todos los actores que participan hoy en la cadena productiva y de comercialización de este nuevo combustible.

Ahora bien, las comparaciones son odiosas e innecesarias, pero con el fin de informar íntegra y técnicamente y no vender sueños ni promesas jamás realizadas a la población, no me cabe más remedio que destacar las cualidades y realidades que contempla y permite la Ley N° 1098, respecto a la Ley de 2005.

Cabe destacar que la ley de la cual se jacta el ex diputado, en uno de sus artículos manda al “Poder Ejecutivo” a reglamentar la misma, y en otro incorpora el etanol anhidro de la caña como aditivo a la gasolina con mezcla máxima de 25%, mínima de 10% y alcanzar la máxima en 5 años. Esa intención de 2005, fue imposible reglamentar por dejar vacíos jurídicos y no contemplar una estrategia integral y completa para su implementación. Definitivamente, los pasos a realizarse debían ser agigantados a fin de traer una alternativa concreta y consensuada con los actores de la cadena.

Es así que, en poco más de un año, como Gobierno Nacional trascendemos de la propuesta del 2005 al plantear los mecanismos necesarios para implementar el etanol anhidro y el biodiesel como aditivos a las gasolinas y Diésel Oíl, respectivamente; la Ley N° 1098 tiene una estructura y cuerpo normativo que brinda seguridad jurídica, define claramente los aspectos económicos para viabilizar el proyecto de etanol anhidro y biodiesel, transparenta el mecanismo por el cual se definirán los precios, incorpora una planificación entre todos los ministerios involucrados en el desarrollo agrícola, industrial, ambiental e hidrocarburífero, haciendo prevalecer la seguridad alimentaria y la energética con soberanía.

En la parte económica, la inversión privada se viene realizando con tenacidad. La expectativa por parte de la agroindustria es positiva, a la fecha invirtió, sin contar aún con contratos firmados, más de $us100 millones lo cual es una señal de confianza de que el Estado aprobará la respectiva reglamentación; asimismo, se prevé que la agroindustria invierta al 2025 al menos $us1.600 millones en mecanización del agro, desarrollo del campo, investigación de nuevas variedades, ampliación de molienda y almacenamiento, etc. Otro aspecto económico importante de la Ley N° 1098, es que permitirá reducir la importación de insumos y aditivos, y reducir gradualmente, a favor del Estado, la subvención a los combustibles líquidos, que se estima en el primer año reducirá en Bs143 millones y Bs4.427 millones al 2025; asimismo, la nueva Ley del Estado Plurinacional de Bolivia permitirá crear al menos 27 mil nuevos empleos entre directos e indirectos, e impulsar el crecimiento económico del país, que para el primer año de implementación del proyecto representará un crecimiento de 0,9 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), y al 2025 se estima un crecimiento promedio de 0,4 puntos porcentuales del PIB.

No menos importante, es señalar que con esta medida Bolivia pasará en un mediano plazo a dejar de importar lo negro (combustibles de origen fósil) y producirá internamente lo verde, los aditivos de origen vegetal, que permiten contribuir al cuidado del medioambiente. Se estima que al año 2025 por absorción del cultivo de la caña utilizada en la producción de etanol se reducirá la emisión en 12 toneladas de CO2e (dióxido de carbono equivalente) por hectárea, además de reducir las emisiones de gases de escape en motores a gasolina en 34% y una reducción de 0,62 KgCO2 por megavatio-hora de energía eléctrica producida con bagazo en sustitución de la producción en termoeléctricas.

Los actores en sintonía, tomando en cuenta los impactos antes señalados y potenciando sus sinergias, plantean un enfoque integral que permita al país, y no sólo al Departamento de Santa Cruz como señala el ex diputado, desarrollarse y crecer con una justa distribución de los beneficios, tal como manda la política gubernamental actual, ya que las familias productoras podrán mejorar su economía al producir más y de una manera más eficiente. Adicionalmente, las fuentes para la elaboración de etanol son diversas y la norma vigente no las limita, por esta razón es que hoy en día, el Gobierno Nacional logró motivar a otros sectores agrícolas como el sorgo y abrió la puerta para el desarrollo e investigación de la biotecnología, aspecto que puede desarrollarse en todo el territorio nacional.

Finalmente, destacar una vez más que al unísono, los sectores agrícola, industrial, estatal empresarial y privado, el oficialismo y la oposición, dijeron sí a la Ley que permite la implementación de los Aditivos de Origen Vegetal, que traerá mejoría en la economía del pequeño productor, desarrollo a la industria, al sector empresarial privado y estatal, bienestar a la población y crecimiento económico de nuestro país. Este logro, que genera comentarios peripatéticos provenientes de voces del pasado, es una demostración palpable y real de la implementación del modelo económico boliviano a través de la Economía Plural, establecida en nuestra Constitución Política del Estado a partir de su promulgación el 7 de febrero de 2009.

"La expectativa por parte de la agroindustria es positiva, a la fecha invirtió, sin contar aún con contratos firmados, más de $us100 millones lo cual es una señal de confianza de que el Estado aprobará la respectiva reglamentación".